Wizink cambia su estrategia de defensa ante la oleada de demandas por los intereses aplicados a sus tarjetas

Wizink ha decidido cambiar la estretegia de defensa ante la oleada de demandas que está recibiendo por los tipos de interés que aplica a las tarjetas de crédito revolving -las que llevan aparejadas una línea de financiación- y las sentencias condenatorias que está sufriendo en los tribunales ordinarios.

Según distintas fuentes jurídicas, hasta ahora el banco propiedad del fondo Varde Partners venía allanándose a los fallos, lo suponía el pago de las devoluciones e indemnizaciones correspondientes a los afectados, pero desde hace poco tiempo ha iniciado la política de recursos ante instancias judiciales superiores, con el objetivo de alargar los procedimientos e intentar ganar las denuncias.

Los jueces están considerando “abusivas” en la mayor parte de los casos las tasas de intereses estipulados, que alcanzan y superan el 25 por ciento, además de considerar que las condiciones del contrato son nulas y atacan la protección de los consumidores.

En la actualidad se estima que hay decenas de casos en estudio en los tribunales españoles. Sólo el despacho Sánchez Pego Abogados cuenta en la actualidad con más de diez denuncias.

Una de las últimas sentencias indica que su tarjeta imponía pago aplazado de unos intereses “usurarios”

En una de las últimas sentencias contra Wizink, de finales de septiembre, se indica que con la tarjeta imponía el pago aplazado de unos intereses remuneratorios tan elevados que resultaban “usurarios”, “por ser notable e injustificadamente superiores al tipo medio de referencia aplicable a los créditos al consumo, además de abusivos por desproporcionados y no introducidos en el contrato con la debida transparencia”.

Lo que sí ha podido esquivar la entidad es una querella penal, que no ha sido admitida a trámite, por lo que la cúpula va a evitar sentarse en el banquillo.

Desde Wizink sostienen que en todo momento “están comprometidos con la transparencia y la claridad de nuestros productos” y que en los últimos dos años “han puesto el foco en hacer más sencillos y accesibles los términos y condiciones de nuestra tarjeta”. En este sentido, indican que envían mensualmente la información al cliente para que adopte decisiones.

Este cambio de estrategia en su defensa contra las demandas se produce en pleno proceso de transformación, tras el acuerdo alcanzado con el Santander para disolver la joint venture. El banco cántabro se deshará del 49 por ciento que tiene de Wizink, heredado del Popular, que será adquirido en principio por Varde. Además, una vez se cierre a finales de la operación, el banco trasferirá al grupo cántabro el negocio de las tarjetas de débito y crédito de clientes del Popular. Es decir, Wizink se quedará con la actividad vinculada a las tarjetas revolving -que son precisamente las que están en entredicho judicial-, buena parte de las cuales proviene del antigua Citibank, entidad que adquirió el Popular en 2014, y Barclaycard, que tomó en 2016.

La entidad gestionará más de 3.000 millones de euros en saldos de tarjetas de crédito en España y Portugal y tendrá dos millones de clientes. Algunas fuentes sostienen que Varde está buscando un nuevo socio para el banco o salir a bolsa.

La justicia europea se pronunciará sobre las hipotecas con IRPH el 24 de junio

Un abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará el próximo 24 de junio sobre la cuestión de un juzgado español en relación con las hipotecas referenciadas al IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios), según anunció este lunes esa corte durante una vista oral.

Tras la audiencia, que se prolongó durante dos horas y media, la presidenta de la asociación de consumidores Asufin, Patricia Suárez, dijo a Efe que confía en una sentencia favorable a los consumidores, por el tipo de cuestiones planteadas, dirigidas a aclarar “cuál hubiera tenido que ser la información que debían haber recibido”.

El juzgado de instrucción nº 38 de Barcelona elevó en febrero de 2018 una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por la comercialización del Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), en la que cuestiona que el Tribunal Supremo se ajuste a la doctrina europea tras haber fallado a favor de los bancos.

El Supremo estimó en noviembre de 2017 que la mera referencia de una hipoteca a este índice oficial no implicaba un abuso respecto al consumidor ni falta de transparencia.

La sentencia se dictará “sobre octubre o noviembre”, indicó Suárez, aunque de momento no hay fecha precisa y son todo “especulaciones”.

En la mayoría de los casos la sentencia del TJUE suele seguir la línea marcada por el Abogado General, si bien su opinión no es vinculante y los jueces pueden discrepar, como ocurrió en el caso español de las cláusulas suelo en el que la corte sentenció a favor del consumidor en contra del criterio del letrado.

En la vista intervinieron los letrados del banco, del consumidor, la abogada del Estado, del Reino Unido, el abogado general de la UE y la Comisión Europea.

El Ejecutivo comunitario sugirió en un informe sobre el caso remitido al TJUE en septiembre pasado que se inste al Tribunal Supremo español a cambiar su doctrina sobre el IRPH.

Según Suárez, hoy la Comisión Europea siguió esa misma línea. La Comisión “propone” que sea incumbencia del juez nacional “dejar sin aplicación una cláusula contractual como esta, caso de estimarla abusiva, manteniendo el resto del contrato si el mismo puede subsistir sin dicha cláusula”.

La justicia europea deberá aclarar ahora si el IRPH es nulo o ilegal, si tiene que estar sometido a los mismos controles de transparencia que otros productos y, en caso de sentenciar en contra de los bancos, si cabría la posibilidad de conceder la retroactividad.

La abogada del Estado defendió hoy que, de fallar en contra de los bancos, no se aplique esa decisión con carácter retroactivo, dijo Suárez.

En este contexto habría que ver además qué otro índice sería el escogido para referenciar las hipotecas de los perjudicados, cuyo perjuicio estaría en torno a los 20.000 euros por cada 200.000 euros de hipoteca, según la presidenta de Asufin.

Si el TJUE declara nulo el índice, el sector bancario español podría tener que afrontar un coste de entre 7.000 y 44.000 millones de euros, indicó un informe de Goldman Sachs.

Las asociaciones de usuarios de banca calculan que hay unos 900.000 clientes afectados.

A la espera de la decisión de Luxemburgo, varios juzgados en diferentes partes de España han suspendido la tramitación de los procesos relativos al IRPH hasta que el TJUE se pronuncie sobre la doctrina a seguir.

Comienzan las demandas por la ampliación de capital de Popular de 2012

Nuevos escollos para Banco Popular, y puede que para su dueño actual, Banco Santander. El despacho Vallverdú Abogados, ha iniciado la presentación de demandas de afectados de Banco Popular que hayan suscrito acciones y obligaciones convertibles desde el año 2012 en adelante.

Ese año fue el primero en el que Popular llevó a cabo su primera ampliación de capital por 2.500 millones de euros, a la que se siguió otra de unos 500 millones en diciembre de 2013, suscrita íntegramente por inversores mexicanos encabezados por Antonio Del Valle. La tercera ampliación se realizó en 2016.PUBLICIDADinRead invented by Teads

Varios despachos de abogados han confirmado que estudian ampliar sus demandas a accionistas que acudieron a la primera ampliación de capital de Popular en 2012. Entienden que los saneamientos del banco no eran los correctos ya desde que se aprobó la primera ampliación de capital, y se mantuvo como un banco zombi. Sus sospechas se vieron reforzadas, según explican desde un destacado despacho de abogados, tras la confesión que hizo el pasado 10 de abril en la comisión que investiga la crisis financiera en el Congreso, el gobernador del Banco de España, Luis María Linde

Vallverdú Abogados, especializado en derecho bancario, financiero y tributario, explica que ha puesto en marcha ya varias acciones de este tipo, y tal como afirma Rubén Cueto, socio director, “de momento podemos acreditar que desde el año 2012 el Banco Popular no reflejaba la imagen fiel de la empresa y no descartamos que esta situación no se viniera dando ya desde el año 2009. Estamos trabajando en ello.”.